PUBLICADA EN GLOBEDIA EL 15-03-2010 22:45
Categoría: Internacional| Tipo: Tutorial | Tags: CIENCIAS POLITICAS economía Finanzas política terrorismo | 0 Comentarios
I.- INTRODUCCIÓN.-
Los Estados, requieren de la existencia de leyes adecuadas a la normativa internacional y de aplicación de políticas pùblicas efectivas, que mejoren las condiciones de vida de las poblaciones.-
En atención a la extensión que puede reunir el presente trabajo, es imposible el anàlisis de todas las recomendaciones.- Las mismas pueden obtenerse de la página web del GAFI.- Sòlo serán consideradas a los efectos de su conocimiento.-
Como se expresara, las Recomendaciones, versan sobre el lavado de dinero, disponen el marco de trabajo básico para detectar, prevenir y suprimir el financiamiento del terrorismo y de los actos terroristas.
Las Ocho Recomendaciones son las siguientes: I. Ratificación e implementación de los instrumentos de la ONU.- II. Tipificando como crimen el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero relacionado.- III. Congelando y confiscando bienes de los terroristas.- IV.- Reportando transacciones sospechosas relacionadas con el terrorismo.- V. Cooperación internacional.- VI. Remesa Alternativa.- VII. Transmisiones Cablegráficas.- VIII. Organizaciones No Lucrativas y juntamente con las 40 Recomendaciones serán tratadas en artículos posteriores.-
Cabe recordar, que “La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción” (UNCAC), adoptada en Mérida, México en 2003, representa un espectacular logro para el movimiento anticorrupción internacional. Con el respaldo de más de 140 Estados signatarios que abarcan las distintas regiones del mundo, la UNCAC ofrece un marco integral y global para la lucha contra la corrupción. Al respecto es importante destacar la existencia de un Manual para especialistas en desarrollo, autor, Jessica Leigh Schultz (2007) de Ed. Bergen: Chr. Michelsen Institute (U4 Brief 2007:18) 4 p.
Asimismo, la UNCAC, le ofrece a los estados parte un marco singular para fortalecer su capacidad para prevenir y combatir la corrupción. La lista de verificación para la autoevaluación, formulada como parte del mecanismo de revisión para la Convención, es uno de los pocos métodos de evaluación en que el país provee su propia información, maximizando su dominio del proceso. Por otra parte, la lista puede crear efectos incidentales y producir varios resultados positivos en virtud de los procesos de evaluación de la corrupción y la gobernabilidad. Sin embargo, conviene garantizar que el exitoso resultado de la lista no pase desapercibido. La valiosa información recopilada por la lista debe emplearse para la reforma en y por el país en cuestión. Lograr su máximo potencial requiere de un compromiso concreto y a largo plazo por parte del gobierno en sus estratos superiores, y el apoyo concertado de los donantes. El presente informe sintetiza los potenciales beneficios y retos que presenta la lista de verificación; también se indican recomendaciones para los estados parte, donantes y la ONUDD a fin de garantizar que se obtengan los beneficios. Al respecto, cabe tener presente la existencia en el mercado del libro: “Maximizar el potencial de la ejecución de la CNUCC: Cómo usar la lista de verificación para la autoevaluación” del autor, Sarah Repucci (2009), de Editorial Bergen: Chr. Michelsen Institute (U4 Issue 2009:15) 25 p.-
En el presente artículo, se hará referencia, a algunas de las medidas que se adoptan para detectar transferencias ilícitas.- Sabemos, que en atenciòn al gran avance tenològico, generado como consecuencia del avance de la globalización económica, que lleva a requerir mayor agilidad y velocidad en las transferencias electrònicas, el producto de los delitos de la “gran corrupción” invariablemente ha sido transferido a través del sistema bancario. “Las fuentes disponibles coinciden en describir el siguiente esquema: 1) Cuando se trata de empresas multinacionales que pagan sobornos a funcionarios públicos para obtener negocios, algunos miembros de la alta gerencia de la empresa crean una “caja negra” con fondos no incluidos en los libros contables de la empresa.
La creación de la “caja negra” puede incluir desde burdas transferencias sin justificación hasta creativos esquemas de fraudes en los precios de transferencia del grupo. Los fondos son depositados en una cuenta a nombre de un vehículo offshore desde la cual se transfieren a una cuenta a nombre de algún intermediario designado por el funcionario. Las cuentas son siempre establecidas en países distintos a los de la empresa y del funcionario respectivamente. Para realizar los pagos, generalmente se interponen intermediarios que cumplen la función de distanciar los extremos de la transacción y, en lo posible, simulan prestar servicios comerciales creíbles. Cuando se trata de fraudes al erario público, usualmente se trata de la apropiación de partidas de gastos reservados, partidas no ejecutadas de proyectos especiales, o de préstamos de instituciones financieras internacionales” (Este artículo pertenece al capítulo 4 del libro Recuperación de Activos de la Corrupción, de Guillermo Jorge, 1ra. Ed., Buenos Aires, Editores del Puerto, 2008).-
En ambos casos, se utilizan métodos similares que para blanquear el producto de otros delitos y la misma infraestructura, que para defraudar al fisco. Éstos pueden incluir desde una combinación de servicios offshore como los descriptos en el capítulo 2 hasta esquemas más riesgosos como el transporte físico de grandes sumas de dinero extraídas de un banco y depositadas en otro, de modo de “cortar” la ruta del dinero e impedir su rastreo. La reincorporación del dinero “blanqueado”, cuando ocurre, incluye, entre otros métodos conocidos, los “préstamos con garantía de depósitos” (back to back loans), la creación de empresas que simulan ganancias y la justifican con facturas falsificadas, la participación accionaria en emprendimientos rentables o el éxito en inversiones financieras complejas cuya documentación se fabrica al efecto.- Tomando en cuenta esas modalidades, el artículo 52 de la UNCAC provee herramientas para detectar transacciones sospechosas de canalizar el producto de la corrupción tanto en su lugar de origen, como en el país de destino, como en cualquier jurisdicción a través de la cual esas transferencias hayan pasado.
Idealmente, las herramientas del art. 52 deberían servir para impedir que el producto de la corrupción abandone el país de origen, o al menos para permitir que determinadas autoridades del país de origen tomen conocimiento de la transacción y puedan, en cooperación con las autoridades del país de destino, determinar si están canalizando activos sujetos a decomiso. Si la transferencia no fuera detectada o reportada en el país de origen, las instituciones financieras del país receptor deberían estar en posición de detectarla e inmovilizarla con el fin de iniciar las acciones legales –en el país de origen o en el país receptor.- que determinen si son bienes sujetos a decomiso y posterior repatriación al país víctima –que no necesariamente coincidirá con el país en el que se origina la transferencia.
En este sentido, si bien la responsabilidad primordial por detectar y sancionar la corrupción recae en el país víctima, el esquema propuesto por la UNCAC distribuye la responsabilidad de detectar los bienes sujetos a decomiso entre todos los Estados que tienen posibilidades de contribuir en la detección, investigación, decomiso y posterior repatriación. Por un lado, porque los autores de delitos de corrupción están muchas veces en posición de impedir que las autoridades locales detengan o interfieran con la transacción. Pero además de ello, porque es posible –sobretodo en casos de soborno transnacional- que la transacción no sea canalizada a través del sistema financiero del país víctima. La estrategia adoptada para prevenir y detectar las transferencias del producto de la corrupción consiste fundamentalmente en asignar a las instituciones financieras el rol de detectar tales transacciones, y de informar las sospechas a las autoridades.
La UNCAC se nutre fuertemente de los desarrollos existentes en el área de prevención del lavado de dinero y adopta, y en algunos casos adapta, al contexto específico de la corrupción, estándares consensuados previamente en el seno del GAFI, del BCBS, del Grupo de Trabajo de la OECD sobre soborno transnacional, e inclusive de la propia industria bancaria a través del Grupo de Wolfsberg. Como en otras áreas, la UNCAC extiende estos estándares a todos los países signatarios que no habían adoptado previamente las recomendaciones de los grupos mencionados.-
Mientras el artículo 14 de la UNCAC se encarga de establecer las obligaciones básicas de conocer al cliente, mantener registros de las operaciones y reportar operaciones sospechosas, el art. 52 establece estándares dirigidos a reducir las prácticas descriptas en los párrafos precedentes.
Los estándares se centran en reducir los riesgos en dos segmentos de la industria bancaria identificados como de alto riesgo –la banca privada y la banca corresponsal- y en establecer estándares específicos cuando las instituciones financieras aceptan como clientes a las llamadas personas expuestas políticamente (PEPs). Como la UNCAC introduce obligaciones más bien genéricas, deben tenerse presente en todo análisis, además, las recomendaciones del GAFI, del CBSB8 y las adoptadas por el Grupo de Wolfsberg en relación con estos estándars.
La delincuencia organizada representa en determinados países una cuota importante de su actividad económica.-
Pese a los cientos de miles de millones de dólares en ayuda humanitaria, las Naciones Unidas determinó en 2004 que 54 países eran en efecto más pobres que 15 años atrás. La mayoría de analistas ahora coincide con el hallazgo del Banco Mundial de que la corrupción ha sido “el obstáculo número uno al desarrollo económico y social.” Con miras a enfrentar este problema, 80 países han ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC, por sus siglas en inglés), un documento de alcance y aplicación inéditos.
La Convención contiene 71 artículos que abordan numerosas herramientas para combatir la corrupción, tales como códigos de conducta, mayor escrutinio bancario de “individuos susceptibles por su calibre político” y medidas para abatir el blanqueo de dinero. No obstante, la “recuperación de activos” ha sido señalada como un “principio fundamental de esta Convención”. En este informe se examina por qué es tan esencial recuperar los activos, los obstáculos que se anteponen a la recuperación de fondos robados, y las medidas que pueden tomar los donantes para mejorar la situación. Al respecto, cabe destacar en el mercado, la existencia del libro: “La recuperación de activos robados: Un principio fundamental de la Convención de la ONU contra la corrupción” del autor, Jack Smith, Mark Pieth, Guillermo Jorge (2007) de Editorial Bergen: Chr. Michelsen Institute (U4 Brief 2007:16) 4 p.
Sin embargo, cabe tener presente que a pesar de todos los esfuerzos, aùn es necesario implementar desde lo interno, en los Estados, la existencia de leyes que importen una adecuación a la normativa internacional existente y que se modifiquen conforme asi lo requieren, las distintas situaciones que la realidad señala.- Desde hace varios años los cálculos oficiales en torno al lavado de dinero en los círculos financieros se ubica en unos 30 mil millones de dólares por año. Curiosamente aumenta (aunque sea ligeramente) el Producto Interno Bruto o la penetración de la intermediación financiera en la actividad económica, pero el impacto del dinero sucio no cambia según las estimaciones gubernamentales.
A pesar de ello, el crimen organizado ha incrementado sus operaciones en territorio nacional y en consecuencia el movimiento de dinero sucio también aumenta en los circuitos financieros y en toda la actividad económica del país, aunque las autoridades hacendarias y judiciales sigan negándolo como una forma de proteger a banqueros y empresarios que se han convertido en delincuentes de cuello blanco.
“Una muestra de ello es que entre 2004 y 2007 las autoridades financieras sólo promovieron en el sector financiero 149 acusaciones y dos de ellas están basadas en informes de inteligencia producidos por la Unidad de Inteligencia Financiera. Dicho dato obtenido de la revista Fortuna ha sido tomado como referencia por parte de varios investigadores que se ocupan del tema y que también coinciden en la escasa información que se otorga a la opinión pública sobre el combate efectivo contra este flagelo, lo cual revela, la falta de voluntad política gubernamental para en realidad afectar a las bandas del narcotráfico”(“Columnna semanal del Periodista Miguel Badillo- 2009”).-
Las investigaciones en torno al dinero sucio que ingresa a la economía frecuentemente son utilizadas con fines políticos y no para deslindar responsabilidades que ejemplifiquen cómo la ley puede castigar a quienes usen dinero proveniente de actividades ilícitas.
Es cierto, por lo tanto, que los controles están siendo violentados de manera consistente y que las autoridades se exhiben lentas, permisivas y negligentes frente a este fenómeno delictivo. Lo más grave, sin embargo, es que en un momento de crisis para las finanzas públicas, como el actual, el capital proveniente del narcotráfico y otras actividades delincuenciales podría encontrar mayores canales para introducirse a la economía.
Sólo por mencionar algunos de los focos rojos, más allá de los centros cambiarios frecuentemente acusados de servir para el blanqueo de capitales entre México y Estados Unidos, se encuentran las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), una figura no regulada y autorizada a instancias de Francisco Gil Díaz durante su gestión como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), bajo el argumento de que con su operación aumentaría la penetración crediticia en la economía.
Lo cierto es, que a pesar de los controles existentes, los capitales siguen fluyendo desde los países y en especial, desde los países en vías de desarrollo, hacia paraísos fiscales en su mayor parte, como se expresara.- Entre los paraísos fiscales mas notorios (con pequeñas economías y grandes balances financieros), encontramos el caso de las Islas Caimán que disponen de la mayor cifra de depósitos bancarios con 1, 67 billones $ (doce ceros); en comparación con los U$S 150, 000 millones de las Islas Vírgenes Británicas. Cierto número de paraísos fiscales, incluidos Hong Kong, Holanda y Suiza, reciben mayores inversiones que las Islas Vírgenes, pero estos países tienen una actividad económica sustancial que no está asociada con el secreto bancario.-
Respecto de los activos bancarios internacionales, Suiza aparece en segundo lugar y el enorme sector bancario de las Caimán dispone de unos activos internacionales que totalizan 700 veces su PIB; mientras los activos nacionales e internacionales de los bancos noruegos se corresponden con 1, 3 veces el PIB y los de los bancos de la Eurozona alcanzan 2, 5 veces el PIB conjunto.- Con datos de 2008 se recoge otro cuadro sobre la importancia de los sectores financieros en los paraísos fiscales. Por comparación, mientras los EEUU y el Reino Unido representan los dos centros financieros mayores del mundo, con una actividad financiera muy significativa, el sector financiero de la Isla de Jersey representa el 50 % de su PIB y muchos otros paraísos fiscales superan el 17 % del PIB.-
La Comisión registra, asimismo, la importancia de las sociedades instrumentales o ficticias domiciliadas en paraísos fiscales que ejercen su actividad económica fuera de esa jurisdicción, en el plano internacional. Como ejemplos relevantes, el citado informe registra que el número de sociedades o compañías por cada 1000 habitantes es de 17.917 en las Islas Vírgenes Británicas; de 1815 en las Islas Caimán y de 213 en las Bermudas. Como comparación, Noruega tiene 40 sociedades mercantiles por 1000 habitantes.-
TERCERA PARTE
Dra.SUSANA B. FERRO ILARDOE
ENTRE LOS DIAS 17/19 DE MARZO DE 2010 SE CELEBRARA EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA-ESPAÑA, EL XXII CONGRESO DE ALUMNOS DE DERECHO PENAL DE LA USA.- TEMA GENERAL: "LA CORRUPCIÒN".- DISERTARÀ EN EL MISMO DESTACADAS PERSONALIDADES DEL DERECHO PENAL .- MÀS INFORACIÒN www.usal/penal.es
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